La Vulnerabilidad de los Adquirentes de Buena Fe Frente al Fraude Inmobiliario y la Seguridad Jurídica en la República Dominicana

Seminar paper del año 2025 en eltema Economía - Sector inmobiliario, Nota: 3, Technische Universität Berlin (UNIVERSIDAD UTESUR), Materia: SOCIEDAD, Idioma: Español, Resumen: El fraude inmobiliario es una problemática persistente que socava la seguridad jurídica y la confianza en el sistema registral de la República Dominicana. Este tipo de fraude abarca diversas modalidades, desde la falsificación de títulos y la doble venta de propiedades, hasta la suplantación de identidad y la creación de proyectos inmobiliarios ficticios. Estas acciones delictivas no solo generan incertidumbre en el mercado de bienes raíces, sino que también afectan directamente los derechos de propiedad de los adquirentes de buena fe.A pesar de la existencia de un marco legal robusto, como la Ley No. 108-05 de Registro Inmobiliario, la vulnerabilidad de los compradores honestos persiste. Las deficiencias en la interconexión entre las entidades públicas, la digitalización incompleta de los registros y la falta de mecanismos de verificación eficaces facilitan la proliferación de estas estafas. Esto expone a los compradores a la desposesión de sus bienes y a largos y costosos procesos judiciales. La gravedad del fraude inmobiliario no solo se mide por las pérdidas económicas individuales, sino también por el impacto socioeconómico que tiene en el país. Desalienta la inversión, frena el desarrollo de un mercado inmobiliario transparente y erosiona la confianza pública en las instituciones. Para mitigar este problema, es fundamental implementar reformas legislativas que aumenten las penas por estafa inmobiliaria y establezcan un fondo de compensación para las víctimas. Asimismo, son cruciales las mejoras administrativas y tecnológicas en el sistema registral, incluyendo la digitalización completa y la interoperabilidad de las bases de datos. El fortalecimiento institucional mediante la capacitación de los operadores judiciales y administrativos, junto con medidas preventivas y una mayor coordinación interinstitucional, son pasos esenciales para proteger a los adquirentes de buena fe y restaurar la confianza en el sector inmobiliario dominicano.